El Gobierno del PP superó en su primer año completo en el poder el gasto en externalizaciones de cualquiera de los últimos años del Ejecutivo del PSOE, según documentación a la que ha accedido EL PAÍS
José Antonio González, diputado de Unidas por Extremadura, lo llama “el cóctel perfecto”. Primer ingrediente: el Gobierno del PP en la región, encabezado por María Guardiola, ha eliminado a la puerta de las elecciones la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública puedan compatibilizar su trabajo con la privada. Segundo ingrediente: en sus dos primeros años en el poder, el Ejecutivo ha aumentado un 59% las derivaciones para pruebas en clínicas concertadas, con el consiguiente pago, según documentación a la que ha accedido EL PAÍS. Tercer ingrediente: Quirón, un transatlántico sanitario, tiene previsto acabar en 2026 un nuevo hospital en esta región de un millón de habitantes. “Nuestra sospecha es que han visto que hay negocio, y el negocio no es el aseguramiento privado, sino las derivaciones de la pública”, opina el diputado.
25 de noviembre. Elena Manzano, portavoz de la Junta de Extremadura, toma la palabra para defender la decisión de permitir que 220 jefes de servicio de la sanidad pública compatibilicen su puesto con el ejercicio de su profesión en la sanidad privada. La dedicación exclusiva, defiende el Gobierno, es “atentatoria al principio de libertad profesional”. Además, argumenta, así se evita que los profesionales opten por trabajar en regiones que no les obligan a tener dedicación exclusiva con la pública. Con la decisión, que se oficializó el 1 de diciembre, Extremadura deja a Navarra como la única comunidad que prohíbe la doble condición. Y así, da un paso más en lo que la oposición considera una transformación profunda de su sistema sanitario.
