Delegar en los tribunales la resolución de comportamientos polémicos agrava una política carente de argumentos racionales
En este desierto discursivo por el que deambulamos, erráticos, cualquier elemento —de cualquier tipo— que pueda ser considerado como una referencia firme y fiable es acogido con entusiasmo. En el espacio público, en concreto, esto resulta particularmente evidente. Así, la habitualmente denominada “judicialización de la política” no solo estaría lejos de ser algo casual o azaroso, sino que resultaría poco menos que una desembocadura inevita...
ble del proceso de evolución de las ideas en el que llevamos tiempo inmersos. Echemos la vista atrás por un instante para intentar justificar dicha afirmación.
Muchos recordarán o habrán oído hablar de lo que en su momento se denominó el caso Juan Guerra, considerado por algunos como el primer caso de corrupción en España. Probablemente, los mismos que recuerden o hayan oído hablar del episodio apenas retengan en su memoria otra cosa que la imagen del hermano, espabilado y pícaro, del entonces vicepresidente del Gobierno, que se las había apañado para disponer de un despacho en la Delegación del Gobierno en Andalucía en el que hacer valer su condición familiar como presunta garantía de trato preferente (sin descartar algún otro privilegio) a quien acudiera en demanda de sus favores ante la Administración central. En realidad, llegó a ser juzgado por cohecho, fraude fiscal, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones, aunque resultara absuelto de todas estas imputaciones, excepto de la de fraude fiscal.
