Los lectores y las lectoras escriben sobre el juicio al fiscal general, la discriminación sexual en la infancia, la publicidad telefónica y la nueva pedagogía
La justicia está politizada y la política judicializada. La sentencia en el juicio al fiscal general del Estado no es baladí. Está en juego la confianza en el funcionamiento del Estado. Cuando los partidos secuestran instituciones y cuando algunos jueces adoptan decisiones que parecen alinearse con intereses políticos, la ciudadanía queda desprotegida. Las instituciones deberían actuar como contrapesos, no como instrumentos de confrontación. Pero lo que se percibe es lo contrario: un sistema bloqueado y usado como arma arrojadiza. Es difícil anticipar el sentido de la sentencia en este caso. No porque el proceso judicial sea imprevisible en sí, sino porque está envuelto en un clima de desconfianza que condiciona un análisis. La absolución sería presentada por algunos como una claudicación; una condena sería vista por otros como una instrumentalización de la justicia. Acertar en el contenido jurídico resulta menos relevante que comprender el terreno político en el que se dictará.
Fernando Ortolá Soria. Valencia
Parece mentira que en nuestra sociedad, que tanto reivindica la homosexualidad con desfiles y carrozas, la homofobia siga estando presente desde la preadolescencia. Los ayuntamientos gastan el dinero en organizar fiestas durante el Orgullo, pero ¿no sería más efectivo que ese dinero se invirtiera en educación para prevenir que niños de 12 años se encuentren escrito en su mesa “maricón”? Es vergonzoso que como sociedad nos quedemos a un lado viendo cómo el Orgullo LGTBI se convierte en una fiesta más, en un negocio, mientras que en la vida real sigue ocurriendo esto.
