La UPF carga contra el alto tribunal, al que acusa de vulnerar la presunción de inocencia e invertir la carga de la prueba
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera que la sentencia de condena al ya ex fiscal general del Estado implica “un desplazamiento radical del estándar penal”. La asociación que presidieron tanto Álvaro García Ortiz como su sucesora, Teresa Peramato, ha emitido este miércoles un duro comunicado en el que cuestionan la resolución del Tribunal Supremo por condenar al fiscal general pese a que la sentencia afirma que no se sabe “con certeza” si quien filtró el correo del abogado de Alberto González Amador fue el acusado “o alguien de su entorno”. “Ya no se condena porque algo esté probado, se condena porque lo contrario no resulta suficientemente convincente. Este giro es constitucionalmente letal. Porque entre ‘estar probado’ y ‘no existir alternativa convincente’ media exactamente la presunción de inocencia. Ese espacio es el que protege a cualquier ciudadano de una condena injusta”, señala esta asociación, que en las últimas semanas ha emitido otros comunicados muy críticos con el tribunal e incluso se han dirigido a la ONU para pedirle que analice las “graves anomalías” del proceso.
