La asociación de fiscales progresistas pone en marcha una campaña para mitigar “el impacto personal y familiar” de la condena a García Ortiz
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación que presidió Álvaro García, ha lanzado una campaña entre sus asociados para colaborar en el pago de la multa y la indemnización al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que impuso el tribunal Supremo al ya ex fiscal general del Estado. En una nota difundida este lunes, la asociación señala que la colaboración es de carácter “estrictamente voluntario y solidario”. “Mientras se activan y se seguirán activando los mecanismos legales para combatir una condena que consideramos injusta, la asociación entiende que no puede permanecer indiferente ante el impacto personal y familiar que una sanción penal de estas características produce” afirma la UPF, que se ha mostrado muy crítica con el Supremo desde el inicio del proceso y, tras conocer la sentencia, ha llegado a pedir la intervención de la relatora de Naciones Unidas que valore si ha quedado “comprometida la independencia judicial”.
El Supremo ordenó la semana pasada la ejecución de las penas que le impuso a García Ortiz al condenarle por un delito de revelación de datos reservados cometido por la filtración de un correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía y por la difusión de una nota de prensa difundido por el ministerio público para desmentir las falsedades que estaba lanzando el entorno de Ayuso sobre las negociaciones entre su pareja y el fiscal que le había denunciado por fraude a Hacienda. El tribunal le impuso dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de fiscal general, pero también el pago de una multa de 7.200 euros —pena de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros— y una indemnización de 10.000 euros para la pareja de Ayuso, que ejerció la acusación particular en el caso.
