El Gobierno conservador propone que el tiempo máximo de estancia en los centros de internamiento se amplíe de dos a 18 meses, para asegurar que se ejecutan las órdenes de deportación
Portugal culminará en breve el viraje brusco de su política migratoria, la primera gran reforma emprendida por el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, desde que llegó al poder en 2024 al frente de la coalición AD. En tiempo récord, su Gobierno ha logrado que el Parlamento, dominado en un 70% por fuerzas a la derecha, haya dado luz verde a dos nuevas...
leyes (inmigración y nacionalidad) que restringen tanto la entrada de extranjeros como la obtención de la ciudadanía, aunque esta segunda está siendo examinada por el Tribunal Constitucional a petición de la oposición socialista, que tiene dudas sobre su encaje en la ley fundamental. Faltaba un tercer pilar y, desde este viernes, está en consulta pública antes de llegar a la Asamblea de la República para su votación: la ley que regula la devolución de los inmigrantes irregulares.
Seguirá la línea dura de las anteriores y, cuando entre en vigor, alineará a Portugal con los halcones europeos, alejándose de la línea más humanitaria y flexible que ha mantenido con los Gobiernos socialistas de António Costa, a semejanza de la legislación española. El nuevo modelo, subrayó el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, se dirige “contra quienes violan las reglas” y “no se aplicará indiscriminadamente”.
