Portugal está cambiando a velocidad de crucero su política migratoria. Las señales comenzaron en el primer mandato de Luís Montenegro y se han acentuado en el segundo. Montenegro, que gobierna al frente de la coalición conservadora AD, ha elegido las leyes de extranjería y nacionalidad como prioridades para sus primeros meses, como si ambas fuesen los principales problemas del país y no la falta de viviendas o las deficiencias en el Servicio Nacional de Salud. Como siempre en política, no es una decisión inocente. El primer ministro, que en mayo reforzó su mayoría parlamentaria sin llegar a la absoluta, ha decidido abrazar banderas que hasta ahora solo defendía Chega. El partido ultraderechista fundado por André Ventura, que ha protagonizado un ascenso meteórico al convertirse en segunda fuerza en seis años de vida, cabalga sobre un puñado de temas. Uno de ellos es la gestión de la inmigración, aprovechando los errores cometidos por el Gobierno socialista de António Costa, que acabarían provocando un atraso de meses en las solicitudes de regularización de más de 400.000 extranjeros.
A pesar de que en los 13 meses del mandato anterior, Montenegro y Ventura tuvieron una relación de desconfianza, el crecimiento electoral de ambos les ha llevado a salir del enrocamiento. Ventura, porque quiere dar imagen de estadista dispuesto a pactar y Montenegro porque quiere ganarse al electorado más derechista, aunque sea a costa de alejarse de los principios fundacionales de su partido (Partido Social Demócrata), que nació enraizado en la socialdemocracia. Juntos sacaron adelante una norma que endurece los requisitos para entrar en el país y para que los inmigrantes reagrupen a sus familias.
