Portugal da un nuevo paso hacia una política migratoria más restrictiva. El Gobierno, en manos de la coalición conservadora AD, ha aprobado este lunes cambios en la ley de la nacionalidad, que endurecerá la concesión de la ciudadanía portuguesa a los extranjeros. Hasta ahora podrían acceder a ella quienes hubieran residido en el país durante cinco años. A partir de ahora el plazo se duplica hasta los diez y, en el caso de los oriundos de países de lengua portuguesa, se queda en siete años. El plazo cuenta desde el momento en que el solicitante ha obtenido el permiso de residencia.
Además de la ampliación del plazo, se introduce como novedad la realización de un examen de lengua y cultura portuguesa para acreditar la vinculación con el país. Tras el Consejo de Ministros que aprobó las nuevas normas, el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, explicó que suponen un “refuerzo de la exigencia y la relación efectiva a la comunidad nacional”. “Son cambios imprescindibles en los tiempos en que vivimos”, afirmó.
Las restricciones serán también mayores para los bebés nacidos en Portugal en familias extranjeras. A partir de ahora no tendrán acceso automático a la nacionalidad, se exigirá a los padres una estancia de tres años en el país y la petición expresa de la ciudadanía. Además, se deroga el régimen especial de nacionalización para los descendientes de judíos sefardíes expulsados de la península Ibérica hace siglos y que dio lugar a numerosas irregularidades y polémicas como la concesión de la ciudadanía a los oligarcas rusos Roman Abramóvich y Andrei Rappoport.
