El Gobierno laborista presenta las nuevas medidas como una “misión moral” para frenar el avance de la ultraderecha
Keir Starmer se dirigió el pasado 30 de septiembre a los miembros del Partido Laborista en el congreso de Liverpool para convocarlos a una lucha “por el alma del país”, frente al enemigo que representa la ultraderecha de Reform, que lidera Nigel Farage. Anunció entonces decisiones “con las que no...
siempre se sentirían cómodos los afiliados”, en referencia a la cuestión que hoy desgarra a la izquierda británica: el control de la inmigración irregular. Solamente aquel día, llegaron 531 personas más a las costas inglesas después de atravesar el canal de la Mancha.
La nueva batería de medidas anunciadas la semana pasada por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha supuesto una severa dosis de incomodidad para muchos diputados laboristas. Entre otras cosas, propone elevar de cinco a 20 años el plazo necesario para alcanzar la residencia permanente en el Reino Unido; una revisión cada 30 meses de la situación de todo solicitante de asilo, con la posibilidad de enviarlo a su país de origen si el Gobierno entiende que ya ha desaparecido la situación de riesgo; y la decisión de deportar junto a sus padres a los menores que hayan nacido en territorio británico.
