El Gobierno laborista del Reino Unido ha decidido que solo una política de mano dura contra la inmigración irregular puede rebajar la tensión social que está alimentando la derecha populista de Nigel Farage. La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha dado luz verde a la policía para que identifique públicamente la etnia, nacionalidad y hasta la fase en que se encuentre su posible solicitud de asilo en casos de violación, agresión o abusos sexuales.
El pasado 22 de julio, una niña de 12 años fue violada por dos individuos en la localidad de Nuneaton. A través de informaciones periodísticas se dio a conocer que los presuntos agresores sexuales eran dos solicitantes de asilo de origen afgano que habían cruzado el canal de la Mancha para llegar a las costas inglesas. Vivían en una de las residencias múltiples, gestionadas por compañías privadas, a las que el Gobierno destina millones de euros mensuales para acomodar a muchos potenciales refugiados.
Ante el temor de que se produjeran disturbios como los de hace un año, tras el asesinato de tres niñas en Southport, las autoridades policiales optaron por la prudencia y evitaron publicar datos personales de los dos detenidos. Reform Uk, el partido ultraderechista y xenófobo de Farage, olió la oportunidad. Su concejal en el condado de Warwickshire (al que pertenece Nuneaton), George Finch, expuso los nombres, la nacionalidad afgana y su condición de solicitantes de asilo de los presuntos agresores, y acusó a la policía de haber encubierto deliberadamente estos datos.
