La orden cautelar de un juez del Reino Unido de desalojar en breve plazo a los 138 solicitantes de asilo alojados en un hotel de Epping, Inglaterra, ha acelerado una crisis política y social en ese país que comenzó a incubarse hace años bajo mandatos del Partido Conservador. Centenares de activistas de ultraderecha y de vecinos seducidos por su discurso se han manifestado a lo largo de este fin de semana frente a otros hoteles similares.
Hay en la actualidad más de 111.000 personas en territorio británico a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo, con un promedio de espera de un año. De todos esos, más de 32.000 viven repartidos por más de 210 establecimientos hoteleros por todo el país, con un coste diario para el erario público de unos seis millones de euros.
La ley de Inmigración y Asilo de 1999 obligó a las autoridades locales británicas a asistir en el alojamiento y asistencia de todas aquellas personas que buscaban refugio político en el país. Con tensiones que fueron en aumento, el problema pudo resolverse de algún modo con la colaboración de administraciones, organizaciones humanitarias y entidades gestoras de vivienda pública.
A partir de 2012, la entonces ministra del Interior, Theresa May, se impuso como objetivo poner las cosas difíciles a los inmigrantes. El servicio de alojamiento de los solicitantes de asilo se privatizó, y un puñado de empresas comenzó a extraer beneficios a base de instalar en barrios deprimidos y viviendas en situación insalubre a esas personas. La presión migratoria del Reino Unido, como en el resto de Europa, no dejó de crecer. Y las empresas recurrieron a la solución de los hoteles. Si a finales de 2020 el número de personas que habitaba estos establecimientos era de poco más de 11.000, en cinco años se ha triplicado.
