La negativa de la Casa Blanca a negociar sus políticas con el Congreso comienza a impactar en la economía diaria de Estados Unidos
Aunque transmite la sensación de ser un torbellino, el Gobierno de Estados Unidos dejó de funcionar con normalidad hace ya 38 días. La financiación del Ejecutivo depende de la renovación recurrente en el Congreso de una ley de gasto. La anterior expiró el pasado 1 de octubre por la negativa de los demócratas a prestar sus votos para una cuestión que en condiciones normales ...
sería un mero trámite. El llamado cierre de la Administración es ya el más largo de la historia por el servilismo de los legisladores republicanos hacia Donald Trump y su negativa absoluta a negociar con los demócratas, animados en su estrategia por los buenos resultados en las elecciones de esta semana.
Casi todas las autorizaciones de gasto, incluyendo las del Ejecutivo, necesitan 60 votos sobre 100 —los republicanos tienen 53— para aprobarse en el Senado, lo que otorga ‘de facto’ capacidad de veto a la minoría. Ambos partidos han utilizado ese poder para condicionar las prioridades políticas de la Casa Blanca, pero siempre como un gesto de oposición a corto plazo y sujeto a demandas específicas, pues los votantes no aceptan que se use como bloqueo por sistema. Un cierre del Gobierno supone dejar de pagar las nóminas a los 750.000 empleados federales. Se nota inmediatamente en lugares como, por ejemplo, los parques nacionales porque el personal se va a casa. Según va afectando a más servicios públicos, el nerviosismo se extiende a industrias y mercados. Este jueves, la gravedad de la situación se hizo patente cuando la autoridad de transportes anunció una reducción del 10% en los vuelos en el país. Igualmente, el trumpismo pretende aprovechar para cortar los fondos de los cupones de comida que reciben 41 millones de personas.
