Una mayoría de magistrados que incluye a los conservadores Gorsuch y Barrett parece dispuesta a negar al presidente la potestad para fijar gravámenes en virtud de una ley de emergencia
Era un día grande en el Supremo de Estados Unidos. El alto tribunal celebraba este miércoles una audiencia conjunta para estudiar dos casos en torno a una misma pregunta de enorme calado para la economía global: ¿tiene el presidente de Estados Unidos la autoridad para imponer aranceles a partir, como ha hecho el actual, Donald Trump,
-track-dtm="">de una ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA son sus siglas en inglés) y por la necesidad de reducir el déficit con decenas de socios comerciales y de alentar la fabricación made in USA?
Aunque de fondo había otro interrogante de parecido alcance: ¿estarían los nueve magistrados dispuestos a darle la razón una vez más a Trump en su cruzada por ampliar sus poderes presidenciales sin contar con el Congreso?
La respuesta a ambas preguntas tendrá que esperar a que el Supremo dicte sentencia, que se espera para antes de fin de año, y no, como es costumbre, en la conclusión del curso judicial, en junio próximo. Esas prisas se deben a que hay miles de millones de dólares de aranceles en juego (según el Departamento del Tesoro, se han recaudado 195.000 millones en aranceles hasta el cierre del año fiscal, el 30 de septiembre).
