El alto tribunal celebra este miércoles una de las audiencias más relevantes del curso en un caso cuya sentencia podría poner en riesgo la política comercial de Washington
El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchará este miércoles los argumentos orales del caso en el que Donald Trump se juega el futuro de sus aranceles. Será una caprichosa coincidencia: es también el día en el que se cumple
ink-track-dtm="">un año de la victoria en las urnas que lo devolvió a la Casa Blanca con la promesa de poner patas arriba la economía mundial a base de gravámenes a las importaciones.
De la audiencia no saldrá una decisión, pero es de esperar que sí la impresión de por dónde irán los tiros del fallo del alto tribunal, cuando este dicte sentencia de urgencia. Tampoco será en junio, al final del curso judicial, como es costumbre, sino antes de final de año.
Las prisas se deben a que la agenda económica del presidente de Estados Unidos, que ha repetido hasta la saciedad que “arancel” es una de sus palabras favoritas del diccionario, pende de esa sentencia del Supremo. Es el caso más importante entre los muchos relacionados con la ampliación del poder ejecutivo que ha emprendido Trump sin contar con el Congreso y como parte de su agenda autoritaria, y estudia la constitucionalidad de los gravámenes que Washington ha impuesto a decenas de países en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que desde 1977 permite al presidente regular las importaciones en circunstancias excepcionales.
