La decisión de un tribunal de apelaciones de echar por tierra los aranceles globales que ha impuesto la Administración de Donald Trump es todo un golpe por debajo de la línea de flotación para el líder estadounidense. La orden judicial no solo dinamita la base de su política económica y comercial, basada en que las tasas a los productos extranjeros pagarían el galopante déficit y los recortes de impuestos. Además, ataca el principio que ha guiado al republicano desde su regreso a la Casa Blanca: que como presidente puede “hacer lo que quiera” —una frase que repite con frecuencia— y atribuirse poderes interpretando las leyes según le convenga.
El dictamen del tribunal llegó en un momento pensado para reducir, en la medida de lo posible, su impacto. Lo anunció una vez cerrados los mercados el viernes y con un largo fin de semana por delante: el lunes es festivo en Estados Unidos, algo que da un poco más de tiempo a las partes para decidir cómo reaccionar ante el bombazo y cuál es el alcance de esta carga de profundidad que puede costar a Washington billones de dólares. De momento, los aranceles se mantienen en pie hasta el 14 de octubre, para dar tiempo a las partes a apelar ante el Supremo si lo desean. Y los jueces de apelación han enviado de vuelta el caso a un tribunal inferior, la Corte de Comercio Internacional en Nueva York, para que decida si el dictamen debe aplicarse a todos los afectados o solo al grupo de empresarios y Estados demócratas que presentaron la demanda que ha precipitado esta sentencia.
