El presidente estadounidense recurre a tres vías normativas para mantener su pulso comercial, pero tienen más limitaciones y control del Congreso
El golpe del Tribunal Supremo a la Casa Blanca es histórico por las repercusiones políticas, pero también por las económicas. El Gobierno estadounidense se arriesga a perder 200.000 millones de dólares en ingresos fiscales procedentes de los gravámenes comerciales en un país que necesita recaudar más porque acumula un peligroso déficit público y una abultada deuda. La sentencia, dictada por un tribunal conservador contra una administración republicana, concluye que los aranceles recíprocos aprobados en abril de 2025 no pueden aprobarse unilateralmente por el presidente del Gobierno en virtud de la ley de emergencias de 1977 (IEEPA, en sus siglas en inglés).
Por eso, el presidente estadounidense, Donald Trump, nada más conocer el fallo del Supremo, aprobó un arancel adicional del 10% para sustituir a los que acaban de ser anulados. Y recordó que tiene a su alcance un amplio catálogo de normas legales para mantener su órdago comercial.
“Aunque discrepo firmemente con la decisión de la Corte hoy, es posible que la decisión no restrinja sustancialmente la capacidad del Presidente para imponer aranceles en el futuro. Esto se debe a que numerosas otras leyes federales autorizan al Presidente a imponer aranceles y podrían justificar la mayoría (si no todos) de los aranceles emitidos en este caso... Dichas leyes incluyen, por ejemplo, la Ley de Expansión Comercial de 1962 (Sección 232); la Ley de Comercio de 1974 (Secciones 122, 201 y 301); y la Ley de Aranceles de 1930 (Sección 338)”, escribió el presidente Trump a través de su red social, Truth.
