El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este martes estudiar la constitucionalidad de los aranceles de Donald Trump por la vía rápida. En contra de lo que suele ser habitual, una vista oral que se celebra antes de final de año y cuya sentencia tienen hasta junio del siguiente para hacerla pública, esta vez la audiencia, breve, ha quedado fijada para noviembre. Así lo habían pedido los abogados de la Administración de Donald Trump, que se juega mucho con este caso, que podría desembocar en una estocada mortal para la agenda económica del presidente. Los demandantes, una coalición de cinco pequeñas empresas y una docena de Estados demócratas cuyos negocios consideran afectados por el aislacionismo comercial de Washington están de acuerdo con que el asunto se resuelva cuanto antes.
El caso ha llegado al Supremo después de que el mes pasado un tribunal federal de apelaciones considerara que la Casa Blanca está infringiendo la ley al imponer unilateralmente los gravámenes, sin pasar por el Congreso y en virtud de la norma que excepcionalmente han invocado para imponer aranceles que carecen de precedentes a decenas de socios comerciales. Se trata de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La sentencia del tribunal se resolvió por 7 votos a favor de tumbar las tarifas con las que Trump ha puesto patas arriba el comercio internacional y 4 en contra.
