El número de sociedades españolas de ‘private equity’, que permiten exenciones del Impuesto de Patrimonio, se ha quintuplicado en ocho años
La Agencia Tributaria estrecha la vigilancia sobre las sociedades de capital riesgo, un instrumento que se ha erigido en una fórmula habitual de las grandes fortunas para reducir su factura fiscal. Bajo ciertos criterios, estos vehículos pueden quedar eximidos de la tributación del Impuesto de Patrimonio. Pero la sospecha de irregularidades se ha disparado, al mismo tiempo que su número: su cuantía desde el cierre de 2017 se ha quintuplicado hasta las 545, poco después de que la banca privada encajara el golpe regulatorio a las sicavs.
“Hay un crecimiento muy fuerte entre los clientes de banca privada”, comenta un directivo de una entidad del sector. “En algunos casos se trata de una apuesta de inversión como tal, porque es un sector que gusta mucho y que crece en todo el mundo. Pero también hay un componente fiscal, porque son activos no afectos al Impuesto de Patrimonio“.
El capital riesgo experimenta un boom entre los ricos. Los motivos son varios, como su rentabilidad, del 11% anual entre 2006 y 2022, o la necesidad de diversificación del patrimonio más allá de la Bolsa o la renta fija. Jorge Ferrer Barreiro, socio cofundador de finReg360, señala que “en los últimos años ha habido un crecimiento muy importante en el lanzamiento de este tipo de vehículos de inversión, con el objetivo de ofrecer a los inversores otro tipo de activos no correlacionados con los mercados financieros tradicionales”. “Además, la normativa permite su distribución entre inversores minoristas, lo que ha favorecido su crecimiento”, añade.
