El mayor país del continente, como toda Latinoamérica, necesita una política de seguridad democrática, capaz de proteger sin destruir
Brasil ha vuelto a mostrar al mundo el rostro más brutal de su guerra contra el crimen. Más de un centenar de cadáveres aparecieron esta semana a 15 kilómetros del centro de Río de Janeiro, tras una operación policial que el Gobierno regional, encabezado por el bolsonarista Cláudio Castro, presentó como un golpe ejemplar a la organización criminal Comando Vermelho. En realidad, fue otra jornada de horror. Los cuerpos, rescatados de entre la maleza por los vecinos y amontonados en la calle; las denuncias de ejecuciones y el silencio del Estado ante las familias son la imagen exacta de un fracaso que se repite una y otra vez: creer que la violencia puede erradicarse a balazos.
Las cifras estremecen, pero no sorprenden. Durante décadas, se ha respondido al terror del narcotráfico con una estrategia que solo multiplica el daño: la militarización de la seguridad, las operaciones masivas, la legitimación de la muerte como instrumento del orden. Jair Bolsonaro ascendió políticamente como defensor a ultranza de esa estrategia. Sus herederos políticos siguen su ejemplo: tras la operación, Castro dijo que “las únicas víctimas” de la matanza eran los cuatro agentes de policía muertos.
