Los independentistas escoceses presentan una moción para despojarlo oficialmente de sus títulos
Esta vez el clamor contra el príncipe Andrés no ha podido ser cortado en seco. Su decisión de renunciar al uso de todos sus títulos, comenzando por el de duque de York, forzada por el rey Carlos III después de una intensa conversación entre ambos el pasado viernes, se ha quedado corta. La casa real británica confiaba en frenar de ese modo el continuo deterioro de su imagen que ocasiona el goteo de escándalos de la vida del hijo preferido de Isabel II, pero la maniobra ha acabado provocando más preguntas que respuestas en torno a la vida privilegiada del príncipe. La mansión que habita en el complejo del castillo de Windsor junto a su familia, por la que no paga renta anual, ha saltado ahora al centro del huracán.
En una monarquía parlamentaria como el Reino Unido, que se vanagloria de haber funcionado de modo eficaz durante siglos sin necesidad de una constitución escrita, hay dos textos de referencia tan arcanos como venerados. La Constitución Inglesa, del periodista Walter Bagehot (uno de los directores más legendarios del semanario The Economist, de 1861 a 1877), es el manual al que todavía se acude para entender la naturaleza política de un país como el Reino Unido, y el reparto de papeles entre la Corona, el Parlamento y el Gobierno. De ese texto surge la canónica distinción tan etérea como ambigua que muchos políticos conservadores siguen defendiendo a pies juntillas, según la cual la monarquía es la parte “dignificada” de la Constitución frente al Ejecutivo, que sería la parte “eficaz”.
