Las grandes ciudades implantan con retraso y criterios muy distintos un cobro obligado por directrices europeas y al que solo se adelantó Barcelona
La nueva tasa municipal de basura que pretende incentivar la reducción y el reciclaje de residuos en España se ha convertido en un quebradero de cabeza tanto para los ayuntamientos que tienen que cobrarla como para los vecinos que la pagarán. Supone una subida en lo que abonaban hasta ahora viviendas y negocios porque las directrices europeas y una ley estatal de 2022 obligan a que las arcas locales cobren el coste real de este servicio. La libertad de cada localidad para elegir cómo calcular su importe y a quién eximir o bonificar ha convertido la tasa, bautizada como tasazo o basurazo, en un laberinto administrativo y en un arma política.
Entre las diez ciudades más pobladas de España, solo Barcelona la tiene plenamente vigente desde 2020, antes incluso de la ley estatal. La capital catalana se adelantó con un modelo que, para mitigar el golpe al bolsillo de las familias, se implantó de forma progresiva en cuatro años. Se paga cada dos meses con el recibo del agua y se utiliza este consumo para estimar cuántas personas viven en cada domicilio y, por tanto, cuánto deben pagar por la recogida y tratamiento de la basura. Hay bonificaciones para familias vulnerables y descuentos de hasta el 30% por buenas prácticas. Por ejemplo, paga menos quien más acude a un punto verde y tienen rebaja los dos únicos barrios con recogida puerta a puerta.
