La asociación que reúne al gremio alerta de una oleada de reclamaciones y anticipa devoluciones masivas una vez que la tasa llegue a la Justicia
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local ha advertido este martes de que la implantación obligatoria de la nueva tasa de residuos en España ha abierto una grieta financiera que superaría los 2.000 millones de euros en los presupuestos municipales de 2025. Los datos manejados por distintas entidades privadas, de los que se hacen eco los inspectores en la antesala de su congreso anual, indican que el gasto previsto para la gestión de basuras asciende en el país a 5.325 millones de euros, mientras que los ingresos por el nuevo gravamen apenas alcanzan los 3.488 millones. El desfase refleja una cobertura del 65,5% que queda lejos del mandato legal de que la tasa no sea deficitaria.
Esta obligación, introducida por la ley estatal 7/2022, ha trastocado un modelo que durante décadas combinaba tasas e impuestos para absorber los costes del servicio y que ahora exige que el contribuyente asuma el 100% del gasto. Es decir, ha explicado Juan Ignacio Gomar, miembro del comité de expertos de la asociación, si tuviese que cumplirse el mandato legal, las tasas medias aprobadas por los consistorios podrían encarecerse todavía más, hasta sumar a la bolsa esos 2.000 millones de déficit.
