Los inspectores de Hacienda local, la OCU y las asociaciones vecinales cargan contra el diseño del impuesto y prevén un aluvión de litigios
La nueva tasa de recogida y gestión de residuos aprobada por los ayuntamientos españoles este año muestra un mapa desigual hasta extremos difícilmente justificables, con desemejanzas en la factura de los contribuyentes que alcanzan los 230 euro...
s entre unas capitales de provincia y otras. Mientras que la cuota para un hogar tipo del país se sitúa en los 287,5 euros anuales en Valencia, en Toledo cae a los 56,9 euros, una brecha que ilustra el desconcierto generado por el nuevo gravamen. Las cifras se extraen del Observatorio de la fiscalidad de los residuos de la Fundación ENT, una entidad que la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local considera como voz autorizada en la materia.
Los inspectores describen este escenario de disparidad como un auténtico galimatías, fruto de una regulación escasa, apresurada y técnicamente deficiente que ha relegado en los consistorios la tarea de diseñar ordenanzas, pero sin criterios claros. El Gobierno de España, a través de una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado en 2022, delegó en las entidades locales, sin grandes indicaciones ni pistas, la puesta en marcha de la tasa de basuras. Uno de los pocos requisitos era que el gravamen no fuera deficitario, es decir, que sufragara el 100% del coste de la recogida y gestión de basuras.
