Con el diseño actual, hay pocos incentivos a la reutilización y al reciclaje de envases
Este artículo es una versión de la ‘newsletter’ semanal ‘Inteligencia económica’, exclusiva para suscriptores ‘premium’ de CincoDías, aunque el resto de suscriptores también pueden probarla durante un mes. Si quieres apuntarte puedes hacerlo aquí.
España es uno de los países europeos con menor presión fiscal verde, esto es, que menos tributos medioambientales recauda en proporción al tamaño de la economía. La política fiscal y la de lucha contra el cambio climático han seguido caminos divergentes que la fragilidad parlamentaria pone muy difícil resolver. El actual sistema no redistribuye, es regresivo y no compensa, lo que amplifica la percepción del ciudadano de que soporta una gran parte del reparto de la carga y crea desafección. Un ejemplo es el de la tasa de las bolsas de plástico, o de los envases de un solo uso. Se cobra a todos por igual, no hay incentivos para el reciclaje y su recaudación –600 millones de euros en 2024– no se destina a paliar los cambios del clima en el colectivo más vulnerable.
“Tenemos una fiscalidad del siglo XX que no está alineada con los objetivos del cambio climático”, sintetiza Borja Gambau, economista de AFI especializado en finanzas públicas. La hoja de ruta para modernizar el sistema está descrita en el Libro Blanco de la reforma fiscal de 2022, pero Hacienda no ha logrado cuestiones tan básicas como que sus socios en el Congreso aprueben la equiparación del diésel y la gasolina.
