Madrid, Valencia, Zaragoza y Málaga no contemplan gravar más este tipo de inmuebles. Sevilla sí, mientras que Barcelona lo hará a partir de 2026
Desde abril de 2025, los hogares españoles abonan a sus ayuntamientos una nueva tasa anual por la recogida y la gestión de la basura que, en conjunto, ingresará unos 3.500 millones de euros. La medida emana de una ley estatal que impone dos grandes obligaciones a los consistorios. Por un lado, debe pagar quien contamina; por otro...
, el impuesto tiene que costear la totalidad del servicio. El resto de detalles queda al albur de los municipios. El resultado de esas dos exiguas indicaciones es un cóctel de modelos, criterios y tarifas que varía de ciudad en ciudad, y que ha abierto vías interpretativas muy dispares en uno de los asuntos más calientes del debate urbano actual: el tratamiento fiscal de los pisos turísticos, también en lo que respecta a sus residuos.
Más de la mitad de las grandes ciudades españolas ―aquellas que superan el medio millón de habitantes― han obviado en sus ordenanzas municipales las viviendas vacacionales, uno de los puntos que más distorsionan la nueva tasa. Ni Madrid, ni Valencia, ni Zaragoza, ni Málaga han creado hasta la fecha una categoría específica para estos alojamientos, que continúan tributando como viviendas corrientes pese a su proliferación y a una intensidad de uso que, según explican los expertos, dispara la generación de residuos notablemente por encima de la de un hogar habitual.
