Fedea plantea eliminar las exenciones y bonificaciones autonómicas en el impuesto
El Gobierno de coalición ha logrado los objetivos que se marcó cuando, a finales de 2022, aprobó el nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. El gravamen nació con el objetivo declarado de neutralizar las bonificaciones autonómicas que, en la práctica, habían vaciado de contenido al tradicional impuesto sobre el patrimonio. Y las cifras muestran que Hacienda se salió con...
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la suya. En 2023, según los datos publicados recientemente por la Agencia Tributaria, la recaudación del impuesto de toda la vida se disparó hasta los 1.970 millones de euros, un 58% más que el año anterior. El salto se explica por la reactivación ―como respuesta directa a la aparición de la nueva figura estatal― del tributo original en varias comunidades que hasta entonces lo mantenían bonificado al 100%. Más allá de la batalla fiscal entre el Gobierno y algunas comunidades, muchos expertos se preguntan si el diseño vigente del impuesto original presenta limitaciones significativas en términos de progresividad, equidad territorial y capacidad redistributiva.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este lunes un estudio que intenta aportar algo de luz sobre estas carencias. El documento, firmado por el economista Francisco García-Rodríguez, sugiere varias vías de reforma. Basado en microsimulaciones fiscales aplicadas a los microdatos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, el trabajo evalúa ocho configuraciones alternativas del impuesto y concluye que un rediseño relativamente sencillo podría duplicar su capacidad redistributiva sin comprometer su progresividad.
