La propuesta de reforma lleva aparejada una actualización de la recaudación teórica, que determina la aportación de las autonomías a la caja común
El Gobierno quiere aprovechar la reforma del sistema de financiación autonómico en la que lleva trabajando varios meses para introducir cambios de calado en la letra pequeña del modelo. La intención del Ministerio de Hacienda es actualizar lo que se conoce como recaudación normativa, una estimación teórica de los ingresos que podría obtener una autonomía si exigiera a sus contribuyentes el mismo esfuerzo...
fiscal que las demás. El ajuste es clave porque la recaudación teórica, más allá de un dato técnico que mide la capacidad fiscal de los territorios, sirve para definir la cantidad de dinero que estos deben inyectar en la caja común que, posteriormente, reparte los recursos con los que se sostienen los servicios públicos.
El cambio en el que trabaja Hacienda se explica por tres grandes razones. La primera es el fuerte desfase que existe actualmente en algunos impuestos cedidos ―como el de sucesiones y donaciones o el de transmisiones patrimoniales―, cuya recaudación teórica, que lleva décadas sin revisarse, se encuentra muy alejada de la potencial, en algunos casos al alza y en otros a la baja. La segunda es la integración en la cesta común de otras figuras como el impuesto de patrimonio o el de depósitos bancarios, lo que hace necesario fijar para ellas por primera vez unos ingresos normativos. La última es el aumento de la participación autonómica del IRPF y el IVA en esa hucha compartida, lo que necesariamente implica la actualización de sus umbrales recaudatorios.
