El ataque a la comunidad profesional atenta contra el derecho internacional humanitario. Es urgente que se permita el acceso a servicios básicos como la salud en el territorio palestino
En tiempos de conflicto, la peor enfermedad a la que nos enfrentamos como ciudadanía es la indiferencia; indiferencia ante las pequeñas miserias del día a día, que nos afectan como individuos, e indiferencia ante los sucesos atroces que nos interpelan como sociedad y ante los cuales el silencio y la inacción no pueden, ni deben, ser una opción.
Por la propia naturaleza de las profesiones, quienes las ejercen o han ejercido saben que es imposible separar el bienestar de una persona del bienestar de su familia, de su comunidad y, por ende, del bienestar del mundo. Una realidad compartida y un principio esencial que se hace más patente, si cabe, en contextos extremos —conflictos armados, catástrofes ambientales— en los que la prohibición u obstrucción del ejercicio profesional atenta contra la dignidad de las personas e impacta de manera decisiva en sus cuerpos, en sus vidas.
Esta realidad tiene su ejemplo más dramático ahora mismo en la situación que viven profesionales y sociedad civil en la franja de Gaza, lugar donde está ocurriendo a ojos del mundo una masacre genocida por parte del ejército israelí que dinamita los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al atacar a la población civil de manera indiscriminada y al impedir que asistencia vital llegue sin obstrucciones ni demoras a la población.
