Varios trabajadores del centro exponen en un documento múltiples fallos entre los que incluyen alguno que “contraviene” el pliego del contrato
“Aunque se introdujo un nuevo set de dispositivos prometiendo mejoras, la baja calidad del material adquirido ha derivado en problemas críticos tanto para las víctimas como para los sancionados”. Este es parte de un documento en el que, muy condensado, está parte del contenido de un informe que cinco trabajadores de Cometa ―el de seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato― redactaron y uno de ellos envió en octubre de 2024 a dos de las responsables del centro: a Rosa María Casafús, que continúa en su puesto, y a María Inmaculada Aguirre, que se marchó la pasada primavera y de la que un extécnico del centro dice que “era la persona mejor formada en violencia de género ahí, de largo”.
El informe tuvo cuatro apartados que explicaban los problemas en la sala de control (como “gestión apresurada y poco prudente”), en el trabajo de los técnicos de campo (con apartados como “averías tras mantenimientos e instalaciones”), y en el propio sistema (con puntos como “expulsiones constantes del sistema” o “instalación fallida”), además de un apartado de conclusiones. Y es una versión larga del documento, más escueto, en el que explicaron detalladamente cuáles eran esos “problemas críticos”: desde la posibilidad de los agresores de quitarse la pulsera sin que salte ninguna alarma, la “imprecisión geográfica”, o alguna cuestión que, según redactaron, incluso “contraviene” cláusulas del pliego de concesión del contrato. Son, además, cuestiones que aseguran “se habían trasladado repetidamente a las responsables, a diario y en reuniones, y en correos electrónicos”.
