La inmensa mayoría de los cerca de 21.000 mayores que en Galicia viven en una residencia son cuidados por trabajadoras que no cobran ni el salario mínimo. En una de las comunidades más envejecidas de España, así es el panorama laboral de los centros que son gestionados por entidades privadas, unas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro de las que dependen alrededor de 19.000 plazas...
, según el Imserso. Los últimos geriátricos que se han unido a esta precariedad son los donados a la Xunta por la Fundación Amancio Ortega. Las trabajadoras del sector han convocado varias jornadas de huelga durante este mes de septiembre.
El Gobierno gallego ha decidido entregar los tres edificios que ha recibido hasta ahora de la fundación del dueño de Inditex, ubicados en Santiago, Lugo y A Coruña, a compañías cuyo convenio recoge sueldos de poco más de 1.000 euros brutos mensuales. Y se prevé que haga lo mismo con los otros cuatro que están en ejecución en Ferrol, Pontevedra, Ourense y Vigo. Las siete residencias suman 900 plazas y la fundación de Ortega las dona a la Xunta completamente equipadas. Si el Ejecutivo del popular Alfonso Rueda hubiera optado por una gestión completamente pública, solo tendría que contratar a la plantilla.
