En la justicia hay debate sobre cuándo se jodió el Perú, qué y quién originó esta ola de tensión institucional, de guerra abierta entre un sector de los jueces y el Gobierno, pero lo que nadie niega es que la sima es muy profunda. Y es probable, admiten fuentes jurídicas y políticas de todos los sectores, que ya no tenga solución e incluso vaya a más hasta el día en que caiga el Gobierno de Pedro Sánchez. En el Ejecutivo están convencidos no solo de que hay jueces que quieren hacer política,
o-politica-que-no-cumplen-la-ley.html" data-link-track-dtm="">como dijo el presidente el lunes en su entrevista en TVE, sino de que su objetivo real es tumbar al Gobierno y, por tanto, su ofensiva no parará hasta que vuelva la derecha al poder.
Representantes de los jueces conservadores responsabilizan exclusivamente al Ejecutivo de esta tensión y ponen una fecha clave para el inicio de la batalla: el día en que se pactó con Junts la investidura de Sánchez y en el texto del acuerdo ponía el término lawfare. Aunque en realidad, si se mira con perspectiva, la cuestión venía de antes. El procés siempre estuvo en el trasfondo de todo, y los pactos con los independentistas son citados por el sector conservador como el origen de todos los males. Pero al tirar del hilo original, todos los caminos conducen a una frase que se le escapó en un chat de senadores en 2018 al entonces portavoz del PP, Ignacio Cosidó: “Ponemos un presidente excepcional [Manuel Marchena, entonces pactado con el PSOE como presidente del CGPJ, que retiró su candidatura al conocerse este mensaje], un gran jurista con capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás”.
