Resulta muy tentador dejarse llevar por la astracanada en que parece haberse convertido la política española en estos últimos días y concluir que hemos entrado en un proceso de degradación irreversible. Es lo que las derechas pretenden, que cunda la impresión de que esto solo se arregla mediante elecciones anticipadas.
La situación recuerda en algunos sentidos a la última legislatura de Felipe González, la de 1993-96, cuando cada semana había un sobresalto, los escándalos de corrupción se acumulaban, los dosieres circulaban sin freno, se chantajeó a quien se pudo y todo ello mientras los medios conservadores calentaban el ambiente a temperaturas asfixiantes.
No voy a negar que haya algunos parecidos llamativos entre ambas épocas. Sin embargo, creo que insistir demasiado en el paralelismo nos hace perder de vista el fondo del asunto, que es preocupante y merece un debate. En última instancia, lo que está sucediendo ahora es fruto de un conflicto entre el Estado y los órganos representativos. Eso no ocurrió, o al menos no con la misma intensidad, en la etapa final de González.
Por debajo de Leires, Koldos, Aldamas y demás fauna, lo que se ventila es algo bastante más serio. En una democracia, el sistema funciona mediante un reparto de trabajo entre las instituciones representativas (gobiernos y parlamentos), que toman decisiones según criterios políticos, y la administración del Estado (jueces, fuerzas de seguridad, funcionarios) que actúan de acuerdo con criterios funcionales y de eficacia. La lógica del poder es distinta en cada caso. Las instituciones políticas o representativas tienen legitimidad popular. Se deben a lo que la ciudadanía disponga a través del mecanismo electoral. Por ello mismo, no tienen por qué ser neutrales. El Estado, en cambio, actúa siguiendo criterios de racionalidad, tiene encomendados unos objetivos claros y debe cumplirlos de forma muy estricta. Es independiente del poder político, pero a cambio se le exige neutralidad.
