¿La Constitución española de 1978 diseña una arquitectura institucional de los poderes estructurales del Estado, es decir, del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, equilibrada y acorde con el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza al Estado constitucional capaz de resistir la prueba del tiempo en un contexto global de regresión y declive de las democracias?
¿Nuestra Constitución contiene los instrumentos y mecanismos necesarios para cumplir la función de proteger las libertades de los ciudadanos, y, particularmente, de los grupos más vulnerables, frente a las pulsiones autoritarias que ponen en riesgo los valores e ideales democráticos que cristalizan en el principio de respeto a la dignidad humana?
¿Nuestra Constitución garantiza de forma sostenible el Estado de bienestar inclusivo e integrador, o constituye un freno o un obstáculo al desarrollo de las políticas públicas de carácter social, como las destinadas a luchar contra la desigualdad y la pobreza extrema, que son propias de una democracia avanzada fundada sobre el principio de solidaridad social?
¿Cuál es el significado y el sentido auténtico de nuestra Constitución que sirve para dotar de sustantividad a las aspiraciones de nuestra comunidad política de construir un futuro de progreso y bienestar compartido para toda la sociedad?
