La ley fundamental no ha sido un texto estático, sino un marco vivo que ha permitido adaptar sus principios a nuevas demandas con la suficiente flexibilidad
Este 18 de febrero, la Constitución española de 1978 se convertirá en la más longeva de nuestra historia, superando a la de 1876, que sirvió de base al sistema de la Restauración y estuvo en vigor hasta 1923. Más allá de la efeméride, la comparación entre ambas revela no solo dos modelos constitucionales distintos, sino también dos concepciones opuestas de la sociedad y del ejercicio del poder....
La Constitución de 1876 carecía de un verdadero catálogo de derechos fundamentales. Muchos de los que reconocía, como la libertad de expresión, de reunión o el principio de legalidad penal, lo eran con limitaciones. La Constitución de 1978, en cambio, incorpora un amplio sistema de derechos y libertades que, con escasas excepciones, se reconoce a todas las personas y se protege mediante un sistema de garantías.
Antes de 1978, la arbitrariedad y la dominación por los poderosos formaban parte habitual de la experiencia política española. La vida de muchas personas quedaba condicionada por decisiones discrecionales —cuando no arbitrarias— de los poderes públicos o por normas que consagraban desigualdades. La subordinación jurídica de las mujeres a sus maridos, la represión de la disidencia o la penalización de las personas LGTBI son ejemplos de un pasado en el que el Estado imponía un modelo único de vida. Frente a ello, el sistema constitucional actual se fundamenta en garantías jurídicas que reconocen amplios espacios de autonomía personal.
