Cuando Félix Bolaños y Oriol Junqueras firmaron en Barcelona el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, el 2 de noviembre de 2023, que tenía como gran estrella la quita parcial de la deuda de la Generalitat con el Estado de 15.000 millones de euros, el mundo conservador se echó encima del Gobierno. Enfrascado en contentar a los independentistas y lograr la investidura, el Ejecutivo apenas explicó que esa quita serviría para todas las autonomías de régimen común e, incluso, que algunas gobernadas por el PP se verían más beneficiadas que la propia Cataluña. Pero poco a poco, el Ejecutivo ha ido demostrando con datos que esto será así, que, como explicó este martes María Jesús Montero con cifras oficiales, la comunidad con más potencial quita de deuda en términos absolutos, casi 19.000 millones de euros, será Andalucía, la que más quita tendrá per cápita será la Comunidad Valenciana, y la que más quita tendrá en porcentaje, más de un 50% de su pasivo, será Canarias. Siempre que la pidan, claro. En todas gobierna o cogobierna el PP. En total la quita sería de 83.000 millones, por tanto la de Andalucía supone más de un quinto de esa cifra final.
Por eso, la quita de la deuda pasa ahora de ser un problema para el Ejecutivo a ser una ventaja política, o al menos así lo ven en el Gobierno, porque meterá mucha presión a los presidentes autonómicos del PP, que tendrán muy difícil justificar que no aceptan un regalo que supone enormes cantidades de dinero liberadas para poder hacer otras políticas.
