La condonación de más de 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas se ha convertido en la punta de lanza de la negociación de los Presupuestos para 2026, la prueba del algodón que medirá el estado de salud del Gobierno y su capacidad de retener los apoyos de todos los partidos que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. El Ejecutivo prevé aprobar la quita a principios de septiembre y ofrecerla de forma generalizada en vez de acotarla a Cataluña, fijando un terreno de juego en el que el PSOE se siente cómodo por la presión que supone para los barones del PP, a diferencia de lo que sucede con la financiación singular.
Sánchez aseguró a finales de julio que presentará las cuentas públicas, algo que el Gobierno no ha cumplido este ejercicio, pero sin especificar si los sometería a votación en el Congreso, donde al presidente no le sobra ningún apoyo y el respaldo de Junts y Podemos es una incógnita o, según el pálpito extendido en la bancada socialista, se ve imposible.
Aunque el presidente deslizó el mensaje de que la falta de Presupuestos no conllevaría el final de la legislatura debido a la llegada de los fondos europeos, “otro carril” de financiación y crecimiento económico, el Gobierno no se puede permitir evidenciar que la mayoría de la investidura pertenece al pasado. Consciente de que tiene que resolver un sudoku endiablado y a múltiples bandas, el Ejecutivo quiere arrancar el curso exprimiendo la ventaja que le aporta el simbolismo político de la condonación, sin desmerecer su lado práctico, que supondrá un ahorro millonario en intereses a los territorios que lo soliciten. Cuando llegue el momento de la verdad, a los ministros y otros cargos del Ejecutivo consultados se les antoja imposible que los presidentes autonómicos del PP rechacen una propuesta de quita en la que Andalucía sería la comunidad más beneficiada con 18.791 millones condonados, por delante de Cataluña (17.104 millones) y con la Comunidad Valenciana cerrando el podio (11.210 millones). Madrid, otro bastión de la derecha, sería la cuarta más favorecida en términos absolutos (8.644 millones).
