El Consejo de Ministros aprueba este martes uno de los movimientos más arriesgados y trascendentes de la legislatura: la condonación parcial de la deuda autonómica, pactada con ERC para la investidura de Pedro Sánchez y extendida después al conjunto de las comunidades de régimen común. La medida no solo supone un movimiento de más de 83.000 millones de euros, sino que abre un debate de calado político, económico y territorial que dará mucho de qué hablar en el arduo trámite parlamentario que le espera.
La dimensión técnica de la propuesta está bien definida. Hacienda ha elaborado una metodología en tres fases que parte del “sobreendeudamiento” acumulado entre 2009 y 2013, cuando las autonomías tuvieron que recurrir a los mecanismos estatales de liquidez y dispararon sus pasivos. La diferencia entre aquella crisis y la respuesta expansiva que se dio entre 2019 y 2023 sirve como base para fijar el volumen global de ese endeudamiento adicional que sufrieron los territorios. El resultado es que Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentran, por este orden, los mayores importes de quita en valores absolutos.
Lo que se debate, sin embargo, va más allá de los números. El Gobierno central sostiene que la quita corrige una injusticia histórica: los territorios tuvieron que endeudarse masivamente durante la Gran Recesión, cuando se les cerró el grifo. Ahora, una vez constatado que las políticas aplicadas a la pandemia y a la crisis inflacionista resultaron más eficaces que la austeridad a machamartillo, se trata de aliviar aquella losa financiera. La tesis tiene fundamento: entre 2009 y 2013 el endeudamiento regional creció en más de 109.000 millones, frente a apenas 29.000 millones en el periodo 2019-2023.
