El Ministerio de Hacienda ha introducido una condición clave en el marco de la condonación parcial de deuda autonómica aprobada recientemente por el Consejo de Ministros en primera lectura. Las comunidades de régimen común que así lo quieran podrán acogerse a la quita, pero a cambio tendrán que obtener autorización previa del Estado si quieren formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo durante el año siguiente.
La medida está recogida en el anteproyecto de ley validado el martes por el Gobierno, que ha sido colgado en el portal de audiencia pública de Hacienda para que los interesados presenten observaciones hasta el 25 de septiembre. Una vez que culmine ese proceso y otros pasos preceptivos, el documento volverá al Consejo de Ministros. Este le dará la luz verde para que ingrese como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde se prevé un arduo trámite parlamentario.
La condonación de más de 83.000 millones de euros de pasivo autonómico ―o trasvase entre administraciones, ya que la deuda no desaparece, sino que es absorbida por el Estado― está siendo muy criticada tanto por la oposición como por parte del mundo académico. Unos la consideran un parche y una trampa diseñada a placer de Cataluña, dado que fue ERC quien logró arrancar el compromiso al PSOE durante las negociaciones de 2023 para investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Otros, dado que la medida beneficia también al resto de comunidades de régimen común ―y en algunos casos más que a la Generalitat― centran su reprobación en el riesgo de que la condonación dé pie a comportamientos fiscales irresponsables por parte de los territorios.
