Casi dos años después de que la pactaran el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, la quita de la deuda empieza a ser una realidad jurídica, aunque aún quedan meses de tramitación para que sea aprobada definitivamente en el Congreso. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de
-gobierno-aprueba-la-quita-de-deuda-a-que-comunidad-beneficia-mas-como-se-ha-calculado.html" data-link-track-dtm="">la quita parcial de la deuda a las Comunidades Autónomas de régimen común que lo soliciten, una medida que cuenta con el rechazo explícito del PP y de sus presidentes autonómicos, que lo consideran una cesión a los partidos independentistas. El Gobierno, sin embargo, ha explicado con datos que el 70% del dinero de la quita beneficiaría a comunidades gobernadas por el PP, y que la que tendría más reducción por habitante es la Comunidad Valenciana, y no Cataluña.
El Ejecutivo ha insistido en la presentación en que este proyecto, al contrario de lo que dijo el PP, beneficia a todas las autonomías, no solo a Cataluña, y no tiene sentido que se opongan las populares simplemente por una cuestión política, para poder mantener su discurso de los privilegios de los independentistas. De hecho, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y principal responsable de esta medida, se ha mostrado convencida de que los presidentes del PP, aunque ahora lo rechacen, acabarán pidiendo esta condonación —es voluntaria, así que no se concede si no se pide— porque no se puede justificar ese perjuicio a sus ciudadanos por intereses partidistas.
