A Santiago se le enredan los pies al caminar. Tiene ocho años y un problema en su cadera, que hace que al andar, un pie choque con el otro y termine en una caída estrepitosa. Le puede ocurrir bajando las escaleras o cuando corre en alguna calle de Salamanca, la ciudad en la que vive. Necesita con urgencia que lo vea un fisioterapeuta y empezar terapias de rehabilitación. Pero Santiago no nació en España. Nació en Lima (Perú) y aterrizó en Madrid con sus padres cuando tenía cinco años, en 2022. De eso hace ya tres años, sus padres ahora tienen la residencia legal, incluso su hermano ya ha nacido aquí, pero él sigue sin tener permiso para vivir en este país. No tiene papeles. No aparece en ningún registro. Y, sobre todo, no puede acceder a la terapia que necesita para poder caminar derecho.
La familia de Santiago —que no se llama así, pero sus padres prefieren que no figure su nombre real— ingresó a España como lo hacen cada mes miles de familias latinoamericanas que deciden migrar en busca de una mejor vida: por el aeropuerto de Barajas, como turistas. La mayoría de ciudadanos de países latinoamericanos no necesitan un visado para viajar a España. A los padres de él —Miguel y Carmen, nombres cambiados por su petición— no les iba mal en Lima. Ambos llevaban una empresa que suministraba bienes al sector minero, hasta que una banda empezó a extorsionarlos. Precisamente, la extorsión, disparada en Lima hace unos años, es una de las principales razones que empuja a España a miles de ciudadanos peruanos cada año.
