Marta García vive en la tercera planta de un edificio sin ascensor. Hace tiempo que solo sale a la calle para lo imprescindible, pero no porque no quiera, sino porque hacerlo es una odisea. Al final, como otros cientos de miles de personas en España con alguna discapacidad, la falta de accesibilidad en su vivienda la ha terminado arrastrando a un aislamiento forzado. A sus 57 años, vive encarcelada en su propia casa y depende de su hijo o de una ambulancia para poder bajar, pues tiene una parálisis espástica que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Sus barrotes son las escaleras. "Llevo dos años encerrada sin poder salir a la calle. Solo salgo cuando me llevan al médico", cuenta a 20minutos con la voz rota por la impotencia. La de Marta es una realidad compartida por unas 100.000 personas con discapacidad que viven en viviendas no adaptadas. Aunque la ley actual obliga a las comunidades de propietarios a realizar determinadas obras de accesibilidad, como rampas, la instalación de un ascensor es una de las que más conflictos genera en las comunidades de vecinos. El alto coste de la reforma, la compleja tramitación de las ayudas públicas y las tensiones entre vecinos por tener que asumir un gasto que puede superar los 90.000 euros dependiendo del edificio muchas veces provocan que la instalación se retrase durante años o que directamente nunca se llegue a realizar."En mi edificio hace tres años que están con el cuento del ascensor. Y cuando no es una cosa, es la otra", relata García desde su domicilio en Vallecas (Madrid). Tanto ella como su vecina del primero, una anciana de más de 90 años, siguen esperando a que finalice una obra que marcará la diferencia. La dependencia se dispara cuando hay tantas barreras arquitectónicas, y ser consciente de ello también hace mella en su salud mental. Solo hace falta una pregunta sobre su estado anímico por esta situación para que García se rompa a llorar.A apenas unos kilómetros, en Villaverde, Manuel, de 82 años, lleva un tiempo esperando exactamente lo mismo. La comunidad de vecinos directamente rechazó la obra cuando su familia la solicitó hace ya seis años, justo después de que le operaran de una cardiopatía. Tiene hidrocefalia y un 69% de discapacidad reconocida y vive en un cuarto piso sin ascensor, de donde tampoco puede salir sin ayuda. Hace casi cuatro meses, su hija, Gema, volvió a solicitar la obra, pero todavía no ha recibido respuesta. Según cuenta a este periódico, "no hay un rechazo total, pero hay una indiferencia absoluta" por parte de la comunidad de vecinos, y el tiempo pasa sin que se haya dado siquiera un paso para instalar un ascensor en el edificio. Mientras tanto, Manuel continúa subiendo y bajando con enormes dificultades los 70 escalones que hay del portal hasta su casa, y cada salida es una decisión que la familia sopesa. "Me da pánico verle subir y bajar las escaleras", confiesa su hija. Su madre intenta ayudarle en lo que puede, pero tiene 78 años y artrosis degenerativa. "Cada día es más limitante y les va cohibiendo más salir a la calle. Mi madre tiene que pedir ayuda o pagar para que le suban la compra. Si hubiera un ascensor, podría llevar una vida completamente normal", asegura Gema, que reivindica una mayor solidaridad por parte de sus vecinos. "Todos tendremos una discapacidad o una movilidad reducida en algún momento de nuestra vida. Y eso no es solo por enfermedad o por nacimiento. Una caída en medio de la calle y una rotura de pierna ya te dan una movilidad reducida", sostiene. Aunque reconoce también que gran parte del problema está en la dificultad para acceder a las ayudas.El 22% de los edificios no tiene ascensorDe hecho, un informe del Observatorio de accesibilidad de la Fundación Mutua Propietarios señala la falta de acuerdo entre vecinos (47%) y los motivos económicos (55%) como las principales razones para no llevar a cabo este tipo de mejoras. En España, la mitad de las viviendas están poco o nada adaptadas y el 22% de los edificios carece de ascensor. "La obra de ascensores es costosa y supera las cuantías actuales. Sí que hay muchas otras obras de accesibilidad que son obligatorias, como la rampa o un rebaje, pero la del ascensor no lo es y cuesta mucho de conseguir pese a que es el gran problema de accesibilidad de nuestro parque de vivienda", señala Daniel-Aníbal García, secretario de finanzas de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica). La ley de propiedad horizontal establece que la instalación de un ascensor puede ser obligatoria si lo solicita un vecino con discapacidad, movilidad reducida o mayor de 70 años, pero siempre y cuando el coste no supere las 12 mensualidades ordinarias, lo cual, para lo que cuesta una obra de ascensor, es prácticamente imposible. La reforma de la dependencia y la discapacidad impulsada por el Gobierno pretende atajar este problema. La norma del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 modifica la ley de propiedad horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad y fuerce a las comunidades de vecinos a pedir las ayudas económicas si uno de los residentes lo solicita. Se facilitan también los requisitos para acceder a esas ayudas económicas, rebajando del 75 al 70% el porcentaje de financiación de la obra que debe poner la comunidad, y los propietarios a los que se les deniegue la reforma podrán acudir a la justicia para exigir que la obra se realice. Una soledad no elegidaEn España hay más de un millón de personas con movilidad reducida y lo único que piden es tener la mayor autonomía dentro de sus posibilidades. Poder bajar a la calle para comprar el periódico, tomar un café, visitar a un amigo o hacer un recado es lo que, además, les mantiene vinculados a la sociedad. No hacerlo les supone acabar en una soledad que no han elegido. "Yo siempre digo que son presos porque no pueden salir de casa. Al final son personas que tienen una vida social muy reducida, porque obviamente llega un tiempo en el que te desconectas. Y luego depender de que alguien te baje... esa falta de libertad te limita mucho anímicamente", asegura García, que, aunque celebra la reforma, sostiene que "la solución ideal sería que la obra de accesibilidad fuera obligatoria". "La accesibilidad es un derecho que te lleva a otros derechos"En FAMMA (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid) llevan años reclamando una normativa que no deje en manos de una comunidad de vecinos la calidad de vida de una persona con movilidad reducida. Se trata, según subrayan, de la gran asignatura pendiente: el 87,2% de las denuncias por barreras arquitectónicas que recibió FAMMA el año pasado tenían que ver con denuncias sin resolver en viviendas inaccesibles por conflictos derivados de las comunidades de propietarios."La falta de accesibilidad genera muchos problemas de salud mental, mucha soledad no deseada y una tristeza tremenda. Al final, la accesibilidad es un derecho que te lleva a otros derechos, y es tercermundista que haya personas a las que tengan que subir los brazos o la chepa de un familiar para poder salir de casa", lamenta el presidente de FAMMA, Javier Font. Las consecuencias, explica, van mucho más allá de la movilidad. Sin poder salir de casa resulta mucho más difícil estudiar, trabajar, consumir o participar en la vida comunitaria, lo que acaba incrementando tanto la dependencia como el gasto sanitario y social. El Ejecutivo espera poder atajar este problema y reducir la falta de accesibilidad que, actualmente, es la principal causa de institucionalización de las personas con movilidad reducida. Eliminar las barreras, al fin y al cabo, reduce la dependencia y alarga, por ende, el tiempo en el que una persona con discapacidad puede seguir viviendo en su propia casa.