Desde abril de 2023, los enfrentamientos entre el ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) han desplazado a más de 12 millones de personas, paralizado la economía sudanesa y provocado una crisis humanitaria devastadora. En este contexto, algunas de las trabajadoras más expuestas a la violencia y la inestabilidad han continuado con sus actividades. Entre ellas se encuentran decenas de periodistas sudanesas que, a pesar de bombardeos, desplazamientos y el colapso económico, se niegan a dejar de informar.
Para los periodistas, en especial para las mujeres, el derrumbe de las infraestructuras esenciales y la creciente inseguridad han hecho que su labor profesional sea casi imposible. No obstante, muchas siguen comprometidas con su deber como informadoras y plantan cara a la adversidad: desde la falta de electricidad y unos bajos salarios, hasta la violencia de género generalizada.
“En casa no tenemos electricidad”, dice por teléfono a EL PAÍS una periodista de El Geneina, en Darfur Occidental, una ciudad controlada en estos momentos por las RSF. “Pago 1.000 libras sudanesas (1,48 euros) para cargar el móvil y el portátil en una tienda que tiene un generador. Solo se puede acceder a internet a través de Starlink, que también se paga por hora. Y, aun así, no podemos permitirnos parar”, explica la reportera, que pide no dar su nombre por razones de seguridad.
