A Donald Trump le puede la ansiedad y las prisas por hacerse con el control de la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central más poderoso del mundo, el que decide el nivel del precio del dinero en Estados Unidos y marca con ello la referencia que determina el coste de una hipoteca o de hacer frente al pago de los intereses de la deuda pública. Según ha anunciado él mismo en su red social, el presidente de EE UU ha cesado a la gobernadora Lisa Cook bajo la acusación de fraude hipotecario, un despido que al que ella se niega y que asegura carece de base legal. El asalto político ha terminado por estallar en la Fed en un caso que promete acabar en los tribunales y que estrecha aún más el cerco sobre el presidente de la institución Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo de 2026.
La destitución de Cook es de hecho un paso más, hasta el momento el de más calado, en la descarada aspiración de Trump de tener el control sobre las decisiones del banco central, sobre cuándo hay que apretar el botón de las bajadas de tipos. Y esa insólita presión de la Casa Blanca torpedea lo que en las últimas décadas parecía un principio grabado en piedra en los bancos centrales de las economías desarrolladas, el de su independencia del poder político. Economistas y banqueros alertan de los riesgos de cuestionar esa independencia, del daño que supone para la confianza de los inversores en la economía de un país y del perjuicio que puede acabar causando en el bolsillo de los ciudadanos. La teoría económica advierte contra las aspiraciones de los presidentes del gobierno de interferir en el trabajo de los banqueros centrales, ¿pero por qué es mejor evitarlo?
