“¡No toquen nada!“. Eso es lo primero que los expertos en investigaciones internas dicen a sus clientes cuando les llaman para requerirles que rastreen hasta las entrañas de sus negocios tras detectar una irregularidad. El simple encendido de un dispositivo electrónico puede provocar la modificación de información tan básica como la fecha de último acceso a un archivo, lo que después puede suponer una traba en un juicio. Las empresas contratan estos servicios especializados, como si de policías se tratase, que prestan, habitualmente, las grandes firmas de servicios profesionales por la necesidad de contar con sus sofisticados equipos tecnológicos y programas informáticos para esclarecer qué ha ocurrido en el seno de una compañía en un momento determinado.
Son conocidos los casos de grandes empresas que han utilizado el resultado de estas pesquisas para esquivar una eventual responsabilidad penal, como hicieron BBVA e Iberdrola tras salpicarles el caso Villarejo, que confiaron para ello en PwC. Pero también estos trabajos son requeridos para evitar toparse con nuevas sorpresas en mitad de procesos clave como las refinanciaciones. Ese fue el caso de Dia, que pidió a EY que buceara en sus cuentas; Deloitte, que detectó una “posible falsificación de contratos” en EiDF, en un momento en el que la compañía de renovables atravesaba una dura situación financiera; o KPMG, que reveló que en Pescanova se habían manipulado los resultados financieros.
