En política puede defenderse todo. Excluir debates o silenciar posiciones acostumbra a ser un error que acaba alimentando lo que se pretende evitar. Pero no todos los debates son iguales ni todas las propuestas merecen la misma consideración. Nuestras sociedades democráticas tienen una serie de referentes comunes que pretenden ordenar, contextualizar y valorar las concretas propuestas y su alcance.
Estas consideraciones son especialmente relevantes cuando lo que se debate es el trato al otro: al excluido o al distinto. En las sociedades democráticas occidentales, en la propia Unión Europea, estas afirmaciones son de plena actualidad en relación a las políticas de inmigración, cuyo contraste con esos referentes comunes se ignora con creciente frecuencia por cada vez más personas.
El primer referente son los derechos, constitucionales e internacionales, reconocidos a toda persona, que protegen nuestras condiciones y actuaciones más existenciales. Podemos delimitar y limitar los derechos de algunos colectivos, pero cada nueva limitación a la que sometemos a un colectivo es una amenaza futura de extensión a otros colectivos.
El segundo son nuestros valores fundamentales: la igualdad, la justicia, el tan invocado (sólo en ocasiones) estado de derecho, la solidaridad. Cada actuación contraria a esos valores deslegitima a nuestras instituciones y cuestiona nuestra propia identidad.
