La respuesta israelí al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior destrucción sistemática de la franja de Gaza está siendo el conflicto más mortífero para los periodistas desde que hay registros. Más de 200 informadores han muerto a manos del ejército israelí desde entonces. El último episodio se produjo el domingo, cuando un bombardeo israelí destruyó una tienda de campaña en la que estaba toda la delegación de la cadena catarí Al Jazeera en Gaza. Seis reporteros murieron.
Como hace habitualmente con sus víctimas relevantes, tras el ataque Israel acusó al principal corresponsal de Al Jazeera en Gaza, Anas al Sharif —fallecido en el bombardeo— de ser “un miembro activo de Hamás” y de recibir un salario de la organización terrorista, que gobierna de facto en las zonas de la Franja no ocupadas por Israel. En anteriores ocasiones, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusado sin pruebas a Hamás de manipular las cifras y las imágenes para “alimentar la percepción de una crisis humanitaria” en el enclave palestino.
Israel siempre ha ejercido un control férreo sobre las imágenes e informaciones que salen de los territorios ocupados, incluso para sus propios periodistas. La prensa internacional tiene prohibido entrar en Gaza desde el comienzo de la operación. La diferencia de esta con otras guerras es la presencia de centenas de informadores palestinos, que, gracias al abaratamiento de la tecnología, sobre todo el Internet por satélite, se han convertido en los ojos y oídos del mundo para que pueda conocer lo que pasa en el interior de un territorio masacrado donde ya han muerto 61.000 personas. Estos periodistas, como el resto de gazatíes, se juegan la vida a diario en los bombardeos y en las distribuciones de alimentos, y pasan la misma hambre atroz que sus conciudadanos.
