La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el sindicato CSIF, ha denunciado que la contratación de detectives privados por parte del Ayuntamiento de Fuengirola para vigilar a sus empleados que estén de baja es una medida “excesiva y desproporcionada” que “criminaliza” al los trabajadores. “Puede suponer una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad personal y familiar”, destaca la organización, que responde así a las intenciones del consistorio malagueño de vigilar a los miembros de la plantilla municipal que estén en situación de incapacidad temporal. Y que justifica la iniciativa por la “alta tasa de absentismo” que existe en determinados servicios, como las áreas de Servicios Operativos y Limpieza que, según fuentes municipales, roza el 10%.
Las condiciones para adjudicar el contrato por 18.148 euros y un año de duración fueron publicadas la semana pasada. El proceso incluye vigilar un mínimo de diez funcionarios durante, al menos, tres días. Según se puede leer en su pliego de condiciones, se espera que los detectives sigan a los empleados públicos para “comprobar y poder demostrar” si estos “realizan alguna actividad por cuenta ajena o propia o cualquier otra actividad incompatible con la situación de incapacidad temporal o limitación de aptitud (deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, conducción de vehículos, etcétera)”. El seguimiento tendrá lugar desde la propia vivienda hasta los lugares que puedan frecuentar estas personas. El Ayuntamiento será quien decida qué personas son las elegidas para el seguimiento y, a partir de ahí, los detectives tendrá que comprobar si cuentan con otros domicilios, teléfonos o lugares de trabajo, además de localizar “incidencias que puedan aparecer en páginas oficiales o redes sociales que puedan aportar valor añadido al seguimiento”.
