Los agentes jurídicos comparan el ‘mobbing’ en los ámbitos público y privado, y cuestionan la efectividad de los protocolos
A finales de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenó al Ayuntamiento de Laguardia (Álava) a pagar una indemnización de 31.000 euros a su secretario-interventor, tras comprobar un “ambiente hostil que rebasa los simples conflictos entre trabajador y empresario”. La sentencia advertía de un daño, consecuencia de la “violación de los medios preventivos”, que no articuló el Consistorio. ...
Más allá de este caso concreto, las oficinas públicas —donde, además, existe una relación jerárquica entre empleados de distintos grupos profesionales— también pueden verse afectadas por episodios de acoso, con una consecuencia relevante: la Administración puede ser condenada si no ha prevenido la situación o no ha actuado de forma eficaz. Pilar Moreno, secretaria-interventora de la Administración local y vocal de la junta directiva de la asociación Mujeres en el sector público, revela que el acoso más frecuente en estos espacios es el psicológico (mobbing o acoso laboral). Las autoridades han procedido a la adopción formal de medidas y protocolos en reconocimiento de la gravedad del problema. Sin embargo, según la especialista, “la implementación y difusión de estos recursos aún es deficiente”. Por ello, incide en la necesidad de fomentar una cultura preventiva, pues “la manifestación de la tolerancia cero no es suficiente”. El objetivo es adoptar medidas para prevenir el acoso, así como establecer procedimientos adecuados para su detección y prevención. En esta labor, resulta imprescindible “el compromiso de la dirección, la gestión psicosocial, el liderazgo adecuado, y medidas de sensibilización y formación para la plantilla”, plantea Moreno.
