La Administración del presidente Donald Trump ha recurrido de nuevo a la instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes se han cruzado en su camino. Tras anunciarse hace días una investigación federal a Jack Smith, el fiscal especial que investigó a Trump, el Departamento de Justicia ha puesto en la mira a Letitia James, fiscal general de Nueva York, para indagar si violó los derechos civiles del presidente en la demanda civil por fraude que le interpuso y que ganó, lo que supuso una multa millonaria para el republicano.
La primera de las dos citaciones enviadas a James, que es demócrata, está relacionada con el caso civil de fraude por exagerar fraudulentamente su patrimonio para engañar a los prestamistas, una causa por el que Trump fue juzgado y condenado a pagar una multa de 355 millones de dólares en febrero de 2024 (la sanción asciende ya a 500 millones, sumados los intereses acumulados entonces). Al tratarse de un proceso civil, quedaban excluidas las penas de prisión. Al igual que en los casos que supervisó el fiscal Smith, el republicano denunció siempre ser víctima de una caza de brujas por motivos políticos por parte de la fiscal James.
La segunda citación corresponde a un caso que la oficina de James ha tramitado contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas inglesas), principal grupo de presión de las armas (y tradicional fuente de financiación para los republicanos). La fiscal demandó a la organización en 2020, logrando la renuncia de su histórico líder, Wayne LaPierre, y limitando drásticamente su poder. LaPierre fue posteriormente declarado culpable de corrupción. Un año después, el grupo se declaró en quiebra.
