El Gobierno quiere poner bajo la lupa la huella de los centros de datos, los emplazamientos donde se ubican los equipos electrónicos detrás de los servicios digitales o la tan en auge inteligencia artificial (IA), en un momento en el que cada vez son más las empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Meta, Google o IBM interesadas en España para colocar este tipo de instalaciones muy intensivas en consumo de energía o agua. El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de poner en trámite de audiencia un proyecto de real decreto que obliga a estos centros a reportar información concreta sobre su consumo energético e hídrico, así como sobre su impacto en el territorio, de acuerdo con la directiva europea de eficiencia de 2023.
Este texto, que para salir adelante solo necesita ser aprobado por el Gobierno, establece que estas instalaciones tengan que informar de indicadores sobre su eficiencia, como el consumo de energía eléctrica de sus equipos, el gasto de agua y de agua potable, el uso de energía renovable, los tipos de refrigerantes utilizados, el calor residual generado... Además, también requiere la presentación de otros datos sobre la incidencia de estos centros en el territorio, en especial, en lo que se refiere a los empleos directos e indirectos creados, el tipo de cualificación de estos trabajos o incluso su contribución a la cohesión territorial.
